El modelo de construcción masiva de vivienda que se desarrolla en México a partir del año 2000 es un éxito en términos económicos para empresas inmobiliarias y fondos públicos, pero un fracaso en el ámbito social, porque las condiciones de la población que ha adquirido un crédito hipotecario se han mermado.
Actualmente, añadió Luis Alberto Salinas Arreortua, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, se requiere otra forma de entenderla. Para ello es prioritario dejar de considerarla como mercancía y darle importancia por su valor de uso y no de cambio.
El integrante del Departamento de Geografía Social de la entidad universitaria estableció en entrevista que el mercado hipotecario en nuestro país es altamente lucrativo, y ha representado numerosos problemas para la población.
Los costos de los créditos hipotecarios son elevados, por ejemplo las tasas de interés en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) llegan a ser altas, de 9 o 10 por ciento, casi igual que en los bancos.
Mientras que los créditos hipotecarios emitidos por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) están indexados a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que provoca que año con año se incremente el monto total de la deuda.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (2020), de los 35.3 millones de viviendas particulares habitadas, 57.1 por ciento son propias pagadas; 16.4 rentadas; 14.2 prestadas por familiares, amistades o por el trabajo; 10.7 propias, pero siguen abonándose; y 1.7 por ciento está en otra situación.
En general, 65.4 por ciento de las particulares habitadas propias utilizan recursos suyos para su adquisición y 18.0 por ciento emplea crédito de Infonavit. Cuando se analizan solamente las adquiridas nuevas o usadas (8.5 millones), se observa que 48.6 por ciento se financian con ese crédito, 38 por ciento con sus propios recursos y 14.8 utilizan de instituciones financieras privadas.
El científico, a cargo de la publicación denominada “Financiarización subordinada de la vivienda: el mercado hipotecario de la vivienda social en México”, refirió: para comprar un sitio para vivir una familia requiere de un crédito hipotecario, que solicita en un banco o en un fondo público, es decir, Infonavit y FOVISSSTE.
Estos últimos fueron creados para que la población trabajadora, con ingresos equivalentes a dos o tres salarios mínimos, tuviera acceso a una vivienda. Sin embargo, en los años 90, del siglo pasado, el Banco Mundial recomendó la reducción de la cartera vencida de esas instancias y aplicar una tasa de interés que les generara ingresos.
La manera de garantizar que las deudas de los acreditados se pagaran mes con mes, fue otorgar créditos a la población que gana más de tres veces el salario mínimo.
De esa manera, el mercado hipotecario ha sido totalmente lucrativo para los fondos públicos, pero ha empeorado las condiciones de las familias e incidido en su calidad de vida, porque varias viven en las periferias, en zonas mal ubicadas, lejanas, donde no hay escuelas, centros de salud, equipamiento, abastecimiento de agua, buen drenaje o transporte, lo cual propicia gran cantidad de inmuebles abandonados. En México hay 6.1 millones de propiedades deshabitadas, según el Censo de Población y Vivienda 2020.
