En el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Salud Mental”, de acuerdo con datos de 2021 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en México, cerca de 25 millones de personas, es decir 18 % de la población, presenta algún trastorno mental que, muchas veces, ni siquiera saben que lo padecen .
Y si bien hemos tenido avances, como la reforma a la Ley General de Salud, que establece las bases mínimas para que la atención de la salud mental y la prevención de las adicciones sean ejes de carácter prioritario dentro de las políticas públicas del sector, es un hecho que contingencias como la pandemia derivada del COVID-19, la condición sísmica de algunas ciudades del país, la inseguridad y la violencia, contribuyen a recrudecer los problemas derivados de los trastornos mentales, por lo que se hace necesario unir esfuerzos, a fin de entablar acciones que sumen al sector público y privado, y a toda la sociedad, para contener y disminuir los padecimientos que causan las enfermedades mentales, como la ansiedad y la depresión.
En este sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hizo un respetuoso exhorto a los diversos poderes que conforman al Estado mexicano, así como a instituciones de salud mental del país, a fin de crear las condiciones óptimas para el tratamiento y la atención de las personas que viven con alguna discapacidad psicosocial para evitar actos de violencia en su contra y, por el contrario, lograr su plena integración a la vida social del país, con absoluto respeto de su autonomía, mediante la creación de políticas públicas que ayuden a su desarrollo personal, familiar y profesional, resguardando en todo momento su dignidad y el pleno respeto de sus derechos humanos.
Los trastornos mentales no hacen excepciones de género, edad o nivel socioeconómico. Por su indiscriminada afectación, son una prioridad de la salud pública del país, pues cualquiera de nosotros somos vulnerables.
En relación con esta población específica, en México, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, había 7 millones 168 mil 178 personas con discapacidad, y no puede dejar de considerarse que los gastos realizados en la atención de salud de una persona con discapacidad afectan de forma negativa al bienestar del hogar, por la carga económica que conlleva y porque son pocas las oportunidades que tienen de formación educativa y laborales, lo que impacta en los ingresos económicos que puedan tener. Se suma a que son pocos lugares de trabajo que estén adaptados y que sean accesibles.
De acuerdo con el segundo Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, con datos de 2020, la prevalencia de trastornos mentales y adicciones es de 33.9% en el caso de trastornos leves; 40.5% en casos moderados y 25.7% en casos de trastornos graves o severos.
Los trastornos más frecuentes son la depresión, presente en el 5.3% de la población, seguido de trastorno por consumo de alcohol con el 3.3%, y trastorno obsesivo compulsivo con un 2.5%. Sobre la desagregación, el diagnóstico indica que “en relación con la brecha de atención o tratamiento, en promedio el 81.4% de las personas no reciben la atención apropiada; por tipo, las personas con trastorno de ansiedad presentan la mayor brecha con 85.9%, seguido de 83.7% en fobia social, 76.6% abuso de alcohol, 73.9% depresión, 73.6% trastorno maniaco y con menor brecha, 70.1% por trastorno de pánico.
