La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por varios proyectos de ley en República Dominicana que insisten en el carácter penal de la difamación, incluso en el ciberespacio, y sobreprotegen a los dirigentes ante las críticas. Todo ello genera un efecto de inhibición para la libertad de prensa y la labor periodística.
La SIP señala que una reforma al Código Penal dominicano sanciona con prisión las ofensas en contra del presidente, ministros, legisladores y representantes diplomáticos. La medida es contraria a los estándares internacionales que promueven eliminar el delito de desacato para evitar privilegios de las autoridades por sobre los ciudadanos. El desacato, eliminado en muchos países latinoamericanos, también está contemplado en la Ley 6132 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento.
El pasado 14 de junio, el gobierno del presidente Luis Abinader presentó al Congreso un proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que reemplazará la Ley 5307 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en vigencia. El nuevo proyecto aumenta de uno a cuatro años la pena de cárcel por difamación y mantiene el delito de injuria con una multa de 500 salarios mínimos, sin cárcel. El proyecto obliga a los proveedores de servicios que eliminen material considerado discriminatorio en 24 horas, para evitar multas.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó: «Vemos con preocupación que República Dominicana esté virando en posición contraria a la libertad de prensa». Canahuati, presidente del Grupo OPSA, de Honduras, agregó que estas son épocas para descriminalizar los delitos de difamación cuando se refieren a personas públicas y para eliminar los privilegios de los poderosos, no para potenciarlos, como bien lo hicieron en República Dominicana años atrás».
