El Poder Judicial de la Federación, afirmó que ninguno de los 13 fideicomisos no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro, ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF) está relacionado con gastos de ministras y ministros, mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales.
Refiere que cada fondo y fideicomiso tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación y los objetos de cada uno de los fideicomisos, tanto los de La Corte como los del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), son para pago de pensiones complementarias, apoyo Médico Extraordinario, jubilaciones, derechos laborales y sociales adquiridos por las y los trabajadores del Poder Judicial.
Al menos 6 fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
Estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en otros instrumentos legales como son las Condiciones Generales de Trabajo.
Advierte que las reglas de operación de los fideicomisos exigen a las y los trabajadores cumplir
ciertos requisitos para acceder a los recursos para el pago de los derechos laborales tutelados, como, por ejemplo, la antigüedad.
El personal operativo del PJF, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos y que la Auditoría Superior de la Federación no ha hecho observaciones sobre la legalidad de los fideicomisos.
En 2019 la ASF realizó dos auditorías específicas a los fideicomisos del PJF, pero en ninguna de ellas observó irregularidades en la constitución o administración de los fondos.
También subraya que los fideicomisos no son “guardaditos” fueron constituidos inicialmente con recursos públicos; sin embargo, esto no significa que el presupuesto no ejercido año con año se
destine a estos instrumentos. Asimismo, el hecho de que dichos recursos públicos se encuentren en fideicomisos no los convierte en recursos privados, por el contrario, continúan siendo recursos
del Estado mexicano, bajo la administración del PJF, que es uno de los tres poderes de la Unión que lo conforman.
Lo anterior luego que en la Cámara de Diputados se aprobó el pasado 17 de octubre el decreto por el que se reforman artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se extinguen 13 de los 14 fideicomisos del PJF. El dictamen pasará al Senado de la República para su aprobación, por lo que el procedimiento legislativo aún no está concluido
