La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, indicó que actualmente en el país se registra un incremento en el número de extorsiones; un delito que lastima a la sociedad y afecta su patrimonio y seguridad.
Durante enero de este año, se tuvo por ejemplo, un aumento del 7.7% en la comisión de este delito, en comparación con el mismo mes de 2023, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En la conferencia mañanera la secretaria enfatizó que el Gobierno de México trabajamos para combatir la extorsión y también sancionar a las personas que incurren en este delito, por lo que se elaboró una propuesta de iniciativa de ley, para que la extorsión sea considerada delito grave o de alto impacto, e impedir que los delincuentes sean puestos en libertad con facilidad como actualmente ocurre.
“El proyecto considera diferentes modalidades de extorsión que nosotros escuchamos a diario por parte de las víctimas, como el engaño telefónico, las amenazas telefónicas, los llamados “montachoques”, los “montadeudas”; la exigencia bancaria, el cobro de piso; los monopolios en la distribución de diferentes productos”, dijo.
Señaló que estas conductas se cometen por estructuras delictivas, por ello, se busca la modificación, obviamente de la Constitución, pero también la modificación de la ley contra la delincuencia organizada, para incorporar ahí mismo el delito de extorsión; esto nos permitirá desmantelar y llevar a proceso a los grupos delictivos que se organizan para cometer estos ilícitos.
Asimismo, se prevé sancionar conductas específicas como el engaño telefónico o las ofertas de premios que si bien no son propiamente extorsivas, se encuentran vinculadas en este delito. Se pretende también unificar a nivel nacional los tipos penales y sus sanciones, así como garantizar la reparación del daño a las víctimas.
De esta manera, estaríamos transitando de un delito patrimonial, como está considerado actualmente, a uno contra la seguridad e integridad de las personas, lo que implicaría un aumento en las penas contra quienes incurran en la extorsión.
