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De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado elaborado por el Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE), la participación de las Fuerzas Armadas al interior de instituciones públicas se da en la entrega de funciones a miembros militares y la asignación de presupuesto de
instituciones públicas a dependencias militares, ya que si bien desde 2007 se puede ver este fenómeno, en la actual administración adquiere una intensidad inédita propia de un proyecto militarista.
En el reporte, “Guardia Nacional , tres años de definición militarista” presentada por las organizaciones “Causa en Común” y “Observatorio de la Guardia Nacional”, se desprende que militares ya ocupan posiciones directivas en instituciones de salud, migración, transporte y logística, además del manejo de puertos y aduanas. A partir de una investigación hemerográfica realizada desde el 1 de enero de 2018 con corte al 31 de mayo de 2022, se sabe que al menos 163 cargos de la administración pública han sido ocupados por integrantes –ya sea en retiro o en activo- de las Fuerzas Armadas.
Entre estos cargos destacan la titularidad de 26 oficinas de representación estatales del Instituto Nacional de Migración, la dirección de 12 Administraciones Portuarias Integrales; así como la administración de 12 aduanas, la dirección de la Agencia Federal de Aviación Civil, el control de las
Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los Laboratorios Biológicos
y Reactivos de México (Birmex), la dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE, y las subáreas de esta dependencia, como la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, la Subdirección de Almacenes y la Subdirección de Restauración y Mantenimiento.
Asimismo, siete de los gobernadores que fueron electos durante el proceso electoral de 2021
(Nayarit, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Zacatecas y Colima) designaron
como titulares de las Secretarías Estatales de Seguridad a integrantes de las Fuerzas Armadas.
También, se han designado a elementos castrenses como titulares de fiscalías direcciones de
policía estatal y/o municipal, comisarías y en direcciones de tránsito y vialidad.
Del reporte presentado se desprende que de diciembre de 2018 a abril de 2022, la SEDENA, la SEMAR y la GN acumulaban 2,510 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH.
Estas quejas están mayormente relacionadas con casos de supuestas torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias.
